Cómo el PLD manejó el Ministerio Público

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Es una aspiración legítima, acariciada por décadas por la ciudadanía dominicana, contar con un Ministerio Público que investigue y persiga oportunamente la corrupción, recupere lo robado al patrimonio público y acabe con la impunidad. Es verdad que, salvo contadas excepciones, esa no ha sido la práctica exhibida por el Ministerio Público desde la caída de la dictadura. Más bien lo que hemos tenido es un Ministerio Público que opera como aparato de protección de corruptos, que hace de la República Dominicana un paraíso de impunidad para los que se enriquecen, a ojos vistas, con recursos públicos. En las ultimas décadas, los programas de investigación periodísticas han mostrado más celo, más determinación y pericia investigativa que lo hecho por el Ministerio Público, a pesar de que éste tiene el monopolio de la investigación y los medios coercitivos para reunir las pruebas y aprehender a los imputados. 

Con el ascenso de Leonel Fernández al gobierno en 1996, se iniciaron desde la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional varias investigaciones de la escandalosa corrupción de los 10 años de los gobiernos del partido reformista precedente. En ese momento, conforme la ley procesal penal, el procurador fiscal tenía competencia para ser apoderado y realizar la investigación y persecución penal de los actos de corrupción que se cometieran en el ámbito del territorio bajo su jurisdicción. Esa competencia que tenía el Ministerio Público y esa libertad de iniciativa ciudadana se visualizó, en el gobierno de Leonel Fernández, como un peligro para un partido que se sentía comprometido a garantizar impunidad a los funcionarios de los gobiernos reformistas que le habían dado su apoyo para ganar en el 1996. 

Ese primer gobierno de Leonel Fernández, que desde el pacto patriótico había arriado la bandera de la lucha contra la corrupción propugnada por el líder de su partido, el profesor Juan Bosch, diseñó un mecanismo para controlar las iniciativas ciudadanas que venían apoderando a procuradores fiscales de denuncias de corrupción, especialmente en el Distrito Nacional, por encontrarse en este último las sedes de los ministerios y organismos descentralizados.  

Ese mecanismo de contención de la lucha contra la corrupción, contrario a lo que pueda pensarse, fue precisamente la creación del Departamento de Prevención y Persecución de la Corrupción (Depreco), adscrito a la Procuraduría General de la República.  

El Gobierno sintió temor de mantenerles la competencia a los procuradores fiscales para investigar y perseguir la corrupción pues se corría el riesgo de que las denuncias hechas por ciudadanos y organizaciones encontrara fiscales que les dieran curso y que luego fuera difícil revertir el expediente.  

Hay que observar que la supresión por decreto de las competencias a los procuradores fiscales para investigar y perseguir la corrupción era inconstitucional toda vez que éstas les habían sido otorgadas por la ley. 

¿Cuál fue pues el verdadero propósito de crear el Depreco por Leonel Fernández? Concentrar en ese órgano la lucha contra la corrupción, para tener mayor control político desde el Palacio Nacional de la investigación y persecución de las denuncias de corrupción de las que se le apoderara. Este control se busca lograr precisamente a través del procurador general de la República pues el Depreco quedaba bajo la dirección de uno de sus ayudantes. Así, el presidente de la República, tendría una línea directa a través del procurador general para decidir qué denuncias investigar, cuáles archivar, cuáles desestimar.  Hay que resaltar que el primer titular del Depreco, un magistrado muy honesto y capaz, creyéndose que efectivamente se trataba de perseguir la corrupción tomó iniciativas que, al darse cuenta de la farsa, le llevaron a renunciar públicamente y pasar por más de 10 años al ostracismo gubernamental. 

El Depreco evolucionó a lo que hoy es la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La mejor evidencia del control que desde el Poder Ejecutivo se ha tenido por más de dos décadas de las denuncias de corrupción las muestran los casi nulos resultados de investigación y de persecución penal y apoderamiento de las jurisdicciones de juicios de los responsables de la corrupción. Se cuentan por centenares los expedientes varados en el Pepca que han esperado por años un guiño del Poder Ejecutivo para decidir qué hacer. 

Es oportuno decir que si la eficiencia mostrada por el Pepca   en relación con los expedientes de los corruptos del entorno del expresidente Danilo Medina se hiciera valer para los corruptos de los gobiernos de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía o de este gobierno del pereeme, otra sería la valoración que se tendría de la Pepca

El otro zarpazo dado por los gobiernos del peledé, específicamente el de Leonel Fernández, fue la inclusión en la Constitución de 2010 del procurador general de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que destacar que actualmente el procurador general es el único miembro de este órgano que no es electo, sino que es nombrado por el Poder Ejecutivo y por tanto tiene una subordinación jerárquica con éste.  El objetivo perseguido por el expresidente Leonel Fernández no era otro que valiéndose de su subordinado el procurador general de la República, tener un control más efectivo en el nombramiento de los titulares de la Suprema Corte de Justicia y de las altas cortes y por esa vía su control como efectivamente hizo. Leonel Fernández llegó al colmo del irrespeto de la institucionalidad que en su gobierno nombró, al mismo tiempo, como procurador general de la República al que era el administrador de su oficina privada de abogados, y como presidente de la suprema Corte de Justicia a uno de los abogados asociados de su oficina. 

La exclusión del procurador general de la Republica del Consejo Nacional de la Magistratura merece todo nuestro apoyo para avanzar hacia una justicia honesta, independiente y apegada al respeto a la ley. 

Se trata de una de las decenas de cuestiones que deben ser debatidas para dotarnos de un nuevo pacto político y social para cerrar el ciclo peledeísta y dar lugar a un nuevo orden democrático. Esa nueva Carta Magna no puede ser producto de la mayoría congresual obtenida en una coyuntura electoral por un partido ni tampoco un acuerdo de cúpulas partidarias sino el producto de una constituyente electa por voto popular.