Fiscalía sostiene policías “se asociaron para matar”

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El raso Guillermo Rosario Melo, uno de los acusados, no estaba de servicio. Al menos 10 casquillos recogidos en la escena del doble crimen fueron disparados por él.

“Resultando Elisa Mu­ñoz Marte y Joel Díaz Fe­rrer muertos por múltiples disparos de armas de fue­go (…) como consecuen­cia de la asociación de los agentes policiales que es­tán para proteger a los ciudadanos, pero que se asociaron para matar”, ex­pone el Ministerio Público en sus investigaciones del caso que a finales de mar­zo pasado consternó a la sociedad dominicana.

Una pareja de jóvenes que salían de predicar en una actividad evangélica fue­ron acribillados por agen­tes del cuerpo del orden la noche del 30 de marzo de 2021, en Villa Altagracia.

A casi un año de este he­cho, Listín Diario tuvo ac­ceso a la acusación contra los policías involucrados y todo apunta a que el in­tercambio de disparos con el que se defendían los poli­cías fue una farsa para ocul­tar su accionar.

La fiscalía de Villa Altagra­cia afirma que los policías se asociaron para matar, te­niendo al coronel César Ma­ríñez como coordinador, or­ganizador y director de la operación criminal con la que violaron los estatutos y procedimientos del cuerpo del orden.

“Se asociaron para ocasio­narle la muerte a los ocu­pantes del carro en que se desplazaban unos supues­tos delincuentes, con claro y evidente propósito de ma­tar”, incumpliendo con los protocolos establecidos por la institución y, además de errar en el accionar, fallaron en su objetivo (error in per­sona).

Sin ejecutar ninguna acción para detener el vehículo en que se desplazaban las víc­timas, sin mediar palabra, sin confirmar si quienes se trasladaban en el Kia blan­co eran los delincuentes que según ellos habían cometi­do un crimen en Bonao y se escapaban a Santo Domin­go, sin agotar todos los mé­todos menos nocivos como indica el reglamento que los instruye, violaron los protocolos de la institución acatando órdenes de su su­perior: el coronel César Ma­ríñez Lora.

Edward Sánchez González, quien se desempeñaba en­tonces como director de la Policía Nacional, lo confir­mó en una entrevista con­cedida a la periodista Alicia Ortega, en su programa de investigación “El Informe”, y su declaración pública es­tá incluida como prueba tes­timonial del Ministerio Pú­blico. “Todos los protocolos de actuación se violaron, no hay excusas es un he­cho que nunca debió ocu­rrir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros”, di­jo entonces el exdirector de la Policía, quien por el car­go que ostentaba tuvo acce­so a información de prime­ra mano.

El reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Na­cional dice claramente que se puede ejercer la fuer­za letal (aquella que puede causar una lesión corporal o la muerte, como el uso de las armas de fuego) cuando las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas.

Muerte deliberada
Pese a que en un principio lo negó, al acceder a las gra­baciones de radio de la Po­licía Nacional y el video de seguridad de un hotel, los fiscales descubrieron que Maríñez participó del cri­men perpetrado por los agentes.

Además, fue a través de ese canal de comunicación que el coronel a cargo informó desde el retén improvisado en el kilómetro 45 de la Au­topista Duarte que ya tenía el vehículo que estaban es­perando y “que se le están acercando con cautela por­que están armados”.

Según Maríñez, quienes conducían ese vehículo, en el que además iban Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez, quien mi­lagrosamente resultó ileso de los 33 impactos que re­cibió el carro, iban fuerte­mente armados.

“Inmediatamente los agen­tes policiales bajo su man­do sorprendieron a las vícti­mas con ráfagas de disparos de varios calibres, desde di­ferentes direcciones, sin identificar si se trataba de los supuestos sospechosos”, destaca el expediente acu­satorio.

Pero eso no es todo, sino que el uso de las armas fue “extremadamente excesi­vo y desproporcional”, in­cluyendo el uso de pistolas de alto calibre como un fusil M-16 y una pistola tipo me­tralleta (mini Uzi), ante la indefensión de los cuatros jóvenes que iban en el vehí­culo.

Un informe pericial indica que en las manos de las víc­timas mortales no se detec­tó presencia de pólvora.

Colaboraciones
Las investigaciones de los fiscales establecen que el coronel destruyó parte de la escena del crimen para de­cir que el asesinato había si­do el resultado de un inter­cambio de disparos y de una confusión de los agentes ac­tuantes.

El documento explica que el mayor Heriberto Santos Muñoz, subcomandante po­licial de Villa Altagracia, re­cibió la orden de dispararle a la camioneta de la Poli­cía Nacional para justificar el intercambio de disparos que alegaban.

Asimismo, el texto señala más adelante que la cabo Paula Evangelista Reynoso recibió de manos de varios acusados 4 armas de fuego, el 31 de marzo. Como ex­perta en investigación, re­comendó al cabo Norquis Rodríguez retirar las armas que habían sido colocadas en la escena del crimen y to­do lo relacionado a la inves­tigación.

Ninguno de los menciona­dos aparecen entre los seña­lados, a excepción de Nor­quis Rodríguez, quien sí está incluido entre los acu­sados por su supuesta parti­cipación activa como facili­tador de los medios para la ocurrencia de los hechos y para dañar la escena y ocul­tar evidencias.

SEPA MÁS
Armamento usado en crimen

Emil Alexander Rin­cón Marte entregó dos fusiles de forma volun­taria a la cabo Evange­lista Reynoso, ninguno de ellos asignado para sus labores, pero utili­zados ambos por perso­nas diferentes en el tiro­teo. Mientras que un fu­sil Taurus fue usado por Anthony Castro Pérez, un M-16 fue utilizado por Domingo Perdomo Reyes, según la acusa­ción del Ministerio Pú­blico. Este último estaba asignado al coronel Ma­ríñez, pero fue utilizado por Perdomo Reyes pa­ra disparar 9 veces a las víctimas. Maríñez Lora está acusado de entor­pecer la investigación